José Luis Abarca, se le encontró culpable del secuestro de varios activistas

Se impone una condena de 92 años y seis meses de prisión, así como una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos, al exalcalde de Iguala, José Luís Abarca Velásquez por el delito de secuestro en agravio del dirigente social, Arturo Hernández Cardona. Esto fue por parte del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Tamaulipas.

La mencionada sentencia contra el exalcalde de Iguala es por el secuestro, además, de Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Lunas, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes, integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala que dirigía Hernández Cardona, ocurrido en 2013 en el municipio de Iguala.

Cabe recordar que , el líder del Movimiento Campesino Unidad Popular, Hernández Cardona, fue encontrado muerto en 2013, junto con dos personas, después de haber sido secuestrado por orden del expresidente municipal de Iguala.

MÉRIDA YUCATÁN A 10 DE OCTUBRE DE 2019
 

Con el acuerdo de todos los integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, su presidenta, Karla Franco Blanco (PRI), solicitó a la Secretaría General que elabore el proyecto de dictamen para desechar la iniciativa del Ejecutivo que propone modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que proponía calcular el pago de jubilaciones y pensiones del Isstey en Unidades de Medidas de Actualización (UMAs).

 Durante el análisis de la iniciativas que fue distribuida entre los integrantes del cuerpo colegiado, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI), propuso el desechamiento de la misma, porque “no le veo caso y no es lo correcto” para los Trabajadores al Servicio del Estado, los Municipios, Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Yucatán.

 Además, recordó que el pleno de la LXII Legislatura aprobó por unanimidad un punto de acuerdo, presentado por Luis Aguilar Castillo (PRI), para que el pago de pensiones y jubilaciones se siga calculando mediante el salario mínimo y existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mismo sentido.

 En la sesión de la comisión permanente, también se acordó que se esperará que se apruebe en el Congreso de la Unión, las reformas a Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, en materia de inhabilitación temporal o permanente a servidores públicos y a particulares por actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas, para dictaminar en la materia la iniciativa de Movimiento Ciudadano, que propone reformar la Constitución Política estatal.

Lo anterior fue la propuesta técnica que dio lectura la presidenta del organismo, Franco Blanco, que además aclaró que la iniciativa continuará en análisis mientras se espera el dictamen federal.

Silvia López Escoffié (MC), argumentó que se puede dictaminar sin esperar al Congreso de la Unión, porque Yucatán es un estado autónomo y sería una legislación de avanzada; en el mismo sentido, Miguel Candila Noh (Morena), agregó que es momento de darle trámite para castigar a los corruptos.

En respuesta, Rosa Díaz Lizama (PAN) manifestó que su fracción “no está dispuesta a dictaminar, ni ser presionados”, por lo que estaría a favor de la propuesta técnica.

En su turno, Felipe Cervera añadió que de dictaminarse, sería un producto legislativo imperfecto e inviable, porque estaría sujeto a la presentación de amparos de carácter federal.

Los integrantes de la comisión también continuaron con el análisis de las modificaciones a la Constitución Política de Yucatán, en materia de autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al igual que les fueron distribuidas dos iniciativas para modificar la Carta Magna local, una para establecer la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua maya en el nivel básico educativo y la otra, en materia de lenguaje de señas.

Pescadores recibirán apoyos para fortalecer el sustento de sus familias.

 Progreso, Yucatán a 09 de enero de 2019.- “Se trabajará con orden para todos los pescadores y sus familias ante la veda del mero”, dijo Roger Gómez Ortegón, Director de Pesca y Desarrollo Agropecuario, quien invitó a los beneficiarios a dar seguimiento oportuno a las fechas de pago del Programa de Empleo Temporal (PET) 2019.

 “Los grupos están armados de 400 personas para que los beneficiados sean atendidos en condiciones oportunas y que el banco pueda cubrir la atención con su personal por cada jornada; en pláticas previas entre los directores del banco, la Secretaria de pesca  y el  Gobierno del Estado, se determinó esta forma ordenada de trabajar para atender a los pescadores”, declaró Ortegón.

 La dirección ha mantenido contacto personal con los grupos de pescadores para mantenerlos informados, “es importante que acudan puntuales a recibir los apoyos para agilizar el proceso, el personal de la Dirección tiene instrucciones de apoyar a todo aquel que tenga dudas sobre el pago correcto del programa, además el alcalde está siguiendo muy de cerca el trabajo para asegurarse que los apoyos se canalicen correctamente”, señaló el Director.

 Por otro lado, se informó también que a partir del lunes estarán pegadas todas las fechas correspondientes a los pagos en las sucursales bancarias que brindarán el servicio. En la caleta y otros puntos clave de la labor pesquera también estarán los carteles para informar detalladamente a los pescadores.

 Del total de 3,964 registrado en el padrón, aproximadamente 2,780 corresponden a la cabecera municipal. Los pescadores de las comisarías de Chicxulub Puerto, Chelem y Chuburná realizarán su cobro de forma tradicional en sus comisariados.

 Por último, el titular de la dependencia indicó que las fechas de cobro quedaron de la siguiente manera:

 Lunes 11 de febrero para los pescadores que tienen el número 1 al 400; el Martes 12 de febrero corresponde del 401 al 800.

 El Miércoles 13 de febrero del 801 al 1200; El Jueves 14 de febrero del 1,201 al 1,600 y el viernes 15 de febrero del 1,601 al 2,000.

 Para aquellos que tengan los números del 2,001 al 2,400 su pago se realizará el lunes 18 de febrero y los que tengan del 2,401 al 2,800 el martes 19 de febrero.

Reunión que sostuvieron con la Secretaria de Administración y Finanzas

MÉRIDA YUCATÁN A 26 DE DICIEMBRE DE 2018 .- Diputados de cinco fuerzas políticas se manifestaron en contra del Impuesto Ambiental sobre la extracción de materiales de suelo y subsuelo, que afectaría al sector vivienda, durante la reunión que sostuvieron con la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, en el seno de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.

 
En dicha junta de trabajo y en presencia de representantes de cámaras empresariales, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI) solicitó que cambie esta propuesta en el paquete fiscal 2019 del Estado, para retirarlo, por respeto a la iniciativa privada y en el marco de que ya se han enviado varios oficios por parte del Ejecutivo para correcciones a otros puntos del mismo presupuesto.
 
“La respetuosa sugerencia es que le transmita al señor Gobernador que también corrija esto, en el Legislativo es nuestra función realizarlo, pero creo que sería una muestra de respeto al propio Consejo Consultivo que él creó, escuchar a la sociedad y enviar una corrección al respecto, en especial, porque ya manifestaron que no cambiaría nada, sería lo justo”, expresó.
 
Víctor Sánchez Roca (PAN) se unió a la propuesta del diputado Felipe Cervera Hernández, no solo como presidente de esta comisión sino como integrante de la fracción del PAN; además, Enrique Castillo Ruz (PRI) declaró que aún hay tiempo suficiente para hacer alguna modificación, porque no hay prisa y el Legislativo está abierto a estos cambios.
 
Miguel Candila Noh (Morena), manifestó que fue el primero que levantó la voz para eliminar este impuesto porque al final, los que salen afectados son quienes adquieran una vivienda, porque utilizarían materiales de mala calidad.
 
Milagros Romero Bastarrachea (MC), señaló a los empresarios que son bienvenidos al Congreso del Estado, que éste es el lugar y el marco indicado para las discusiones, análisis e intercambio de ideas con todos los ciudadanos, “sepan que son escuchados, nosotros nos sentimos congratulados de ser sus anfitriones, nuestra responsabilidad es analizar y aprobar el presupuesto y se hará responsablemente”.
 
La titular de la SAF, Rosas Moya indicó que este presupuesto se elaboró cuando no se conocía en su totalidad el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, pero ahora que ya se sabe, se tendrán que hacer los ajustes necesarios para contar con un paquete fiscal del Estado acorde y alineado al nacional, además de que “me llevo la propuesta para analizar del impuesto ambiental”.

 
En otros temas, Cervera Hernández dio lectura a un oficio enviado por representantes de la industria de vinos y licores, quienes manifestaron su inconformidad al aumento en el impuesto a bebidas alcohólicas argumentando que es una ineficaz medida para disminuir el abuso en el consumo de las mismas, porque además sería motivo para aumentar el comercio informal de estos productos, impactaría la competitividad al elevar los precios hasta en un 15% en bares y restaurantes, por ende, afectaría el bolsillo de los consumidores.
 
Sánchez Roca, informó que también recibió este oficio y se le daría el trámite correspondiente; así mismo, Rosas Moya respondió, a pregunta de Silvia López Escoffié (MC), que este gravamen es solo para vinos y licores, no para las cervezas, porque así está el convenio de ley fiscal con la federación, “no los podemos inventar” ya que es lo que permite recaudar y lo estimado sería de 11,290 millones de pesos.
 
La secretaria estatal también contestó que la reducción al presupuesto de la Universidad Autónoma de Yucatán fue por parte de la federación y no del Estado, a pregunta del diputado Enrique Castillo Ruz (PRI); no obstante, Cervera Hernández declaró que de acuerdo a las iniciativas presentadas en recursos federales, la Uady crece y en lo local, decrece, es decir, “que el gobierno federal le envía más recursos y el local se los quita”.
 
Ante el cuestionamiento de Janice Escobedo Salazar (PRI), Rosas Moya informó que el presupuesto estatal no contempla un pasivo contingente para la liquidación de trabajadores del gobierno, porque todas las separaciones fueron de empleados de confianza, para lo cual la diputada indicó que cuenta con una lista de personal de entre 10 a 15 años de servicios que fue despedido.
 
También, la Secretaria de Administración y Finanzas comentó que los ingresos que se estimaron para los municipios en el proyecto 2019, 3,612 millones de pesos serán por participaciones y 3,056 millones de pesos por aportaciones, generando un total de 6,668 millones de pesos; de la misma manera, contestó sobre temas de educación, de austeridad, turismo, entre otros, al igual que las preguntas que faltaron por solventar, se hará lo propio en el transcurso del día.
 
El presidente de la comisión, Sánchez Roca también aclaró que el equipo de la SAF estará presente en el Congreso del Estado para desahogar todas las dudas que requieran los legisladores.

Costó 150 millones de pesos más de lo presupuestado.

Al denunciar la falta de planeación del gobierno anterior, el diputado Manuel Díaz Suárez reveló hoy en la máxima tribuna del Estado que el nuevo Hospital Materno Infantil costó 150 millones de pesos más de lo presupuestado originalmente.

En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el médico de profesión recordó que cuando se anunció la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil la inversión era de 600 millones de pesos.

—Sin embargo —aseveró—, cuando se puso la primera piedra, en noviembre de 2015, se habló de una inversión de 619 millones de pesos.

—Después, en el informe de gobierno inmediato, se anunció que la obra costaba 670 millones de pesos.

—Poco después, la cifra había crecido a 697 millones de pesos.

—Más adelante, en agosto de 2017, en la inauguración de la obra, se reportaron 725 millones de pesos gastados, pero cuando verdaderamente entró en funciones, en septiembre de ese año, la inversión ya era de 779 millones de pesos.

—Ya estamos hablando de más de 150 millones de diferencia de esta danza de cifras, por la cual transitamos por tres años —destacó.

Luego de mencionar el boquete financiero ocasionado por la administración anterior, el diputado Díaz Suárez subrayó también que desde su inauguración el hospital sigue laborando al 20% de su capacidad, al dar únicamente el servicio de consulta externa.

—La idea era pasar de un antiguo Hospital Materno Infantil de 40 camas a uno de 160 camas, pero las verdaderas camas censables son apenas 40, y ninguna está recibiendo pacientes.

Presentan punto de acuerdo para que comparezca el encargado del Despacho de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán.

Mérida, Yucatán a 28 de noviembre del 2018.- La diputada Silvia López Escoffié de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo en la que solicita a Miguel Oscar Sabido Santana Encargado del Despacho de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán a que comparezca y rinda informe ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos del H. Congreso sobre las acciones realizadas en el tiempo que ha estado a cargo.

López Escoffié manifestó que esta LXII Legislatura debe verse como un parlamento más abierto y atento a las voces ciudadanas y que por ello es importante conocer las actividades realizadas por el titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, con el fin de apreciar y evaluar los resultados que se están generando en dicho organismo.

La votación para aprobar dicha solicitud fue controvertida, ya que el día de hoy se cierra la convocatoria para la elección

del presidente de Derechos Humanos, ya que algunos diputados manifestaron que puede prestarse a interpretaciones que beneficien o no a algún candidato.

A lo que la diputada Silvia López Escoffié respondió que es importante conocer en qué estado se encuentra la Comisión Estatal y de esta forma saber qué asuntos quedaron pendientes, cuántos más hay por dictaminar y por qué a algunos no se les ha dado seguimiento; todo esto para eñ beneficio del trabajo legislativo de los miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

También expresó que de esta forma el próximo ombudsman sepa que este H. Congreso es más fuerte y dejará un precedente para el seguimiento de los trabajos que se realizan e incluso de las omisiones que se hicieren en dicho organismo.

Por último enfatizó en que La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) debe ser un organismo público, autónomo, y procurar la justica y brindar atención de las víctimas que se vean afectadas en esta esfera.